El 28 de marzo de 2026, a las 20:55 horas, el astillero Cardama ha hecho pública su demanda al gobierno uruguayo para que proceda a la remoción de las partes ya construidas de las patrulleras oceánicas de sus instalaciones. La empresa española, en un escrito presentado el 13 de marzo al Estado uruguayo tras la rescisión del contrato por parte del gobierno de Yamandú Orsi, argumenta que la actuación estatal es «incoherente» y «una gestión arbitraria y prepotente», calificando la finalización del acuerdo como «infundada e ilegítima».
El documento, al cual tuvo acceso el medio Subrayado, critica «un comportamiento desmedido y malintencionado por parte del Estado uruguayo, lo que confirma una falta de interés en considerar argumentos de cualquier tipo». La firma también sostiene que la pretensión del Estado de buscar una compensación por el presunto incumplimiento contractual es una «consecuencia» de un proceder «desorganizado, confuso y erróneo», así como de «posturas inflexibles» y «un desdén hacia la legalidad». Cardama ha solicitado formalmente a Uruguay que tome todas las medidas necesarias para trasladar de sus dependencias lo edificado hasta la fecha de las embarcaciones, las cuales, según afirma, «ocupan una porción considerable» de su espacio de trabajo.
Esta situación provocó la respuesta del diputado Gerardo Sotelo, del Partido Independiente, quien manifestó en su cuenta de X su preocupación: «¿Dónde están los colaboradores del (prosecretario) Jorge Díaz cuando más se les necesita? Es probable que nos enfrentemos a: 1) un arbitraje internacional, 2) la necesidad de indemnizar a la empresa, 3) patrulleras con un coste duplicado, 4) y nuestro frente marítimo expuesto a narcotraficantes y flotas pesqueras chinas, sin saber por cuánto tiempo. Parece que se consideró todo, excepto el bienestar del país».
Fuente: Enlace Original
Dejar una contestacion