La coalición opositora consiguió el respaldo necesario para establecer una comisión investigadora en la Cámara de Representantes, enfocada en el llamado caso Cardama. Por su parte, el Frente Amplio (FA) anunció que promoverá una iniciativa similar en la Cámara de Senadores.
Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional, expresó fuertes críticas sobre el manejo del caso Cardama y solicitó la dimisión de la ministra de Defensa, Sandra Lazo. Según Da Silva, la situación es «una puesta en escena» cuyo costo para los ciudadanos ascenderá a «100 millones, 200 millones».
Profundizando en su postura, Da Silva calificó de «bobada» toda la argumentación en torno al caso, así como los razonamientos previos. Afirmó que es «inadmisible» que la ministra Sandra Lazo continúe en su puesto, especialmente después de haber autorizado un pago de más de 20 millones de dólares. El legislador también desestimó las justificaciones presentadas por Jorge Díaz, concluyendo que todo el escenario es «una bobada» si los pagos se realizaron bajo la premisa de que «las cosas se estaban haciendo bien».
En contraste, el senador frenteamplista Sebastián Sabini desestimó que el Estado uruguayo corra riesgo de perder un litigio judicial con la empresa Cardama. Sabini también dirigió críticas a la oposición por el contrato original y señaló que la bancada del Frente Amplio «no fue consultada» respecto a la creación de la comisión investigadora en la Cámara Baja.
El legislador del FA puntualizó que el expediente «estuvo 11 meses parado», y la urgencia para retomarlo surgió en octubre, al percibirse la posible derrota electoral, mientras que la orden se dio en febrero, cerca del cambio de gobierno. Sabini interpretó que los pagos efectuados constituyen una «prueba de buena fe» del gobierno uruguayo. Argumentó, además, que la parte que no cumplió con los hitos se debió a que el contrato era «irrealizable», buscando ahorros en áreas donde no era posible, ya que «ningún astillero del mundo» podría construir dos OPV (buques patrulleros oceánicos) por 90 millones de dólares.
Finalmente, Sabini aseveró que se cometieron «errores y faltas graves que pueden tener consecuencias jurídicas». Además, solicitó aclaraciones sobre la selección de lo que, a juicio de la administración actual, fue «la peor propuesta» en este proceso.
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