Las recientes revelaciones sobre obras no declaradas en la residencia del presidente Orsi y el pago tardío de un año del Impuesto de Primaria, saldado por el mandatario tras una consulta periodística, desataron un acalorado debate en el Parlamento. Los senadores Daniel Caggiani, del oficialista Frente Amplio, y Sebastián Da Silva, del opositor Partido Nacional, protagonizaron un fuerte contrapunto en la Cámara Alta.
El senador Caggiani, en defensa del oficialismo, explicó que las obras realizadas en el patio de la casa de Orsi fueron debidamente declaradas ante el Banco de Previsión Social (BPS) y se realizaron los aportes correspondientes. Detalló que, tras un ciclo de finalización, se está llevando a cabo el proceso de regularización. Caggiani restó importancia al asunto, calificándolo como un tema de escasa relevancia que la oposición busca magnificar por «oportunismo político». Sugirió que se intenta vincular impropiamente este hecho con decisiones gubernamentales sobre adecuaciones tributarias para transnacionales, considerando poco ético insinuar que las autoridades no pagan impuestos. El legislador subrayó que el retraso en el pago del Impuesto de Primaria ya fue subsanado, instando a no «hacer una tormenta en un vaso de agua». Para finalizar, Caggiani enfatizó la importancia de tener buenas autoridades que cumplan sus obligaciones y piensen en la gente. En tono de broma, llegó a sugerir la necesidad de vacunas contra la rabia para algunos miembros de la oposición, criticando su actitud «rabiosa» hacia el gobierno y el presidente.
Por su parte, el senador Da Silva arremetió con dureza contra la dirigencia del Frente Amplio. Acusó a sus líderes de «amar el Estado» y vivir de él, regulando a la población, pero sin cumplir con sus propias obligaciones. Da Silva describió la situación como «depresiva», destacando la paradoja de un Frente Amplio que diariamente inventa nuevos impuestos mientras sus figuras no acatan las normativas. El legislador recordó específicamente la gestión de Yamandú Orsi como intendente de Canelones, donde, según Da Silva, fue artífice de una política de «persecución» contra ciudadanos que realizaban reformas no declaradas, utilizando drones. Expresó su indignación por tener que presenciar este tipo de situaciones, que calificó de «patéticas». Da Silva comparó la serie de revelaciones con una «historia de Halloween» por su carácter «de terror», aludiendo a casos previos de dirigentes frenteamplistas, incluyendo una ministra de Vivienda, que supuestamente tampoco pagaron sus impuestos o cumplieron con sus obligaciones, llegando ahora al caso del propio presidente. Concluyó especulando que esta situación podría incluso haber surgido de las propias filas del Frente Amplio, por parte de algún sector «podrido» del gobierno.
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