La Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) ha iniciado un paro total de actividades este viernes a las 11:00 horas, que se extenderá hasta el inicio de los primeros servicios del sábado. Esta medida de fuerza, de carácter sorpresivo, responde a la falta de pago del saldo del salario correspondiente a marzo y al incumplimiento de los acuerdos sobre el cronograma de pagos por parte de la compañía.
El sindicato convocó a todos sus afiliados a concentrarse en la terminal Río Branco para llevar a cabo una movilización. En un comunicado dirigido a la opinión pública, los trabajadores destacaron que la situación de atraso salarial no es nueva, sino que «se viene repitiendo y haciendo pública desde hace al menos 14 años», un período en el que han contado con el respaldo de usuarios, así como de las filiales de la Unott y del PIT-CNT.
Asimismo, señalaron haber acudido en múltiples ocasiones a instancias como el Parlamento, juntas departamentales, ministerios e intendencias, sin haber encontrado soluciones de fondo a sus reclamos. La organización gremial explicó que los empleados enfrentan presiones y acoso por parte de instituciones financieras y bancarias debido a estos atrasos, lo que genera «mucha incertidumbre y tristeza» en sus familias.
La ATC enfatizó que, aunque durante mucho tiempo se abstuvieron de adoptar este tipo de medidas en fechas consideradas sensibles, la actual coyuntura los ha dejado sin margen para garantizar el sustento de sus hogares. En este contexto, exigen al gobierno que asegure el cumplimiento del pago íntegro y en fecha de los salarios, y al sector empresarial que no utilice a los trabajadores como «rehenes» en posibles diferencias con el Poder Ejecutivo.
Finalmente, la Asociación de Trabajadores de Copsa manifestó su solidaridad con el conductor de Ucot que sufrió un episodio de violencia en Montevideo la noche del jueves. El gremio «repudia los actos de violencia y hace un llamado a la reflexión como sociedad», instando a no naturalizar estos hechos y a denunciarlos públicamente. Esperan que las autoridades empresariales y gubernamentales actúen con responsabilidad, protegiendo a los trabajadores del transporte y sancionando estas «conductas aberrantes».
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