El vicepresidente de la Caja de Profesionales, Fernando Rodríguez Sanguinetti, ha confirmado que la institución recurrirá la decisión del Poder Ejecutivo de suprimir el cobro de timbres profesionales en las consultas médicas, una medida implementada mediante decreto. Rodríguez Sanguinetti expresó su pesar por la situación, argumentando que la exención de este gravamen en el ámbito de la salud debería haber sido establecida a través de una ley, y no por medio de un decreto. En sus declaraciones, el directivo lamentó tener que proceder con la impugnación, señalando que la entidad habría preferido alcanzar un acuerdo negociado con las autoridades.
Rodríguez Sanguinetti indicó que la resolución interna de la Caja sobre este asunto se tomó hace aproximadamente un mes y medio, periodo durante el cual han intentado establecer contacto con el Poder Ejecutivo. Aunque se ha confirmado una próxima reunión con representantes del gobierno, el vicepresidente aseguró que la Caja acudirá con una disposición abierta al diálogo, buscando encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas.
Una vez que el decreto sea publicado en el Diario Oficial, la Caja de Profesionales dispondrá de un plazo de diez días para formalizar la presentación de su recurso. Actualmente, el equipo legal interno de la institución, junto con asesores externos, se encuentra abocado a la elaboración del documento necesario para la impugnación. Rodríguez Sanguinetti enfatizó la convicción de la Caja respecto a la legalidad de su posición y la obligación de su Directorio de aplicar la normativa vigente, que considera establecida por el Parlamento y propuesta en su momento por el propio Poder Ejecutivo.
En este contexto, la Caja de Profesionales evalúa diversas iniciativas para garantizar su sostenibilidad financiera. Entre las propuestas en consideración, se incluye la posibilidad de que un porcentaje del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado por los profesionales se destine directamente a la institución. Asimismo, se cuestiona la asignación del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) de los profesionales universitarios jubilados al Banco de Previsión Social (BPS) en lugar de a la propia Caja. Otros planteamientos contemplan la incorporación de unas cincuenta nuevas profesiones al sistema de aportes, así como establecer la obligación de aportar a la Caja para todos los nuevos profesionales, independientemente de si su vínculo laboral es dependiente o independiente.
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