La Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal (AUGAP) ha manifestado su firme oposición al proyecto de la Represa de Casupá, una iniciativa gubernamental destinada a asegurar el suministro de agua potable para la región metropolitana. Según la organización, «actualmente no se reúnen las garantías técnicas, sociales y ambientales adecuadas para llevar adelante una obra de esta envergadura». Esta declaración, difundida el 23 de julio de 2026, refleja la postura de los ganaderos, quienes han compartido su perspectiva sobre la construcción propuesta.
La agrupación, liderada por Carlos María Uriarte —reconocido productor rural y exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca—, enfatizó que su inquietud trasciende el ámbito legal para abarcar, primordialmente, los aspectos humanos, productivos y ambientales que se verían afectados. Aunque reconocen la obligación constitucional del Estado de garantizar un servicio esencial como el agua para la población, subrayan que esta tarea debe ejecutarse «tomando en cuenta de manera responsable a los perjudicados, el entorno natural y acatando la normativa legal en vigor».
La AUGAP hizo un llamado a una «apertura nacional» para analizar diversas opciones. En un comunicado remitido a El Observador, la asociación expresó su pesar por la marcada «polarización política» que ha caracterizado la discusión sobre las soluciones para el abastecimiento de agua potable. Consideran que esta polarización «obstaculiza un diálogo sosegado y fundamentado en pruebas técnicas», por lo que ven imperativa «una instancia nacional para contemplar todas las vías posibles, seleccionando aquella que genere el menor impacto negativo en los afectados y en nuestros recursos naturales».
La inquietud de los productores no se limita al proyecto de la Represa de Casupá, sino que también incluye el de Arazatí, que aún se encuentra en fase de estudio. Argumentan que la construcción en Casupá provocaría «una transformación radical en la estructura productiva de la región» y «rompería el equilibrio forjado a lo largo de décadas mediante el esfuerzo, la permanencia y la diligencia». La discusión en torno a Casupá, aseveran, no debe limitarse a la simple urgencia de una infraestructura, sino que debe llevarnos a reflexionar sobre las implicaciones ambientales, sociales y éticas de las resoluciones que se adoptan.
Específicamente, de concretarse el proyecto, se estima que se anegarían cerca de 3.000 hectáreas de pastizal natural y se arrasarían 430 hectáreas de bosque nativo en las Serranías del Este. La organización subraya que estos «son ecosistemas cuya formación ha demandado siglos, con complejas interacciones entre la flora, la fauna, los suelos y los cuerpos de agua que no pueden simplemente reubicarse como componentes de un rompecabezas».
Refiriéndose a la reputación internacional de Uruguay, la AUGAP considera «de especial relevancia» que un emprendimiento de tal magnitud sea evaluado «con la máxima exigencia ambiental». Esto se debe a que, a lo largo de décadas, Uruguay ha cimentado su prestigio global en la preservación de sus bienes naturales, y en particular, de su bosque nativo.
Asimismo, la entidad advierte que «comunidades rurales activas se verían impactadas, con más de 80 familias que han labrado estas tierras por cuatro, cinco o incluso seis generaciones, manteniendo la producción, el entramado familiar y social, y la convivencia comunitaria». Afirman que «detrás de cada propiedad destinada a ser anegada, existen historias, núcleos familiares, formas de vida, lazos con el entorno y una identidad forjada a lo largo de muchas generaciones». Este territorio posee una rica historia rural intrínsecamente ligada a los principios artiguistas, donde la tierra trasciende su valor meramente económico para convertirse en un componente esencial de la identidad nacional.
Para concluir, la AUGAP declaró: «Confiamos en que las autoridades correspondientes posean la voluntad y dispongan de la información completa para sopesar estos elementos con la seriedad y objetividad que la situación demanda». La asociación reafirmó su compromiso de «seguir apoyando a las familias ganaderas afectadas, defendiendo el sustento, una producción que respete nuestros recursos naturales, el arraigo en el campo y el progreso sostenible de la nación».
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