El Poder Ejecutivo ha remitido al Parlamento su propuesta de ley de competitividad y para la reducción del costo de vida. Esta iniciativa, presentada el 19 de junio de 2026, aspira a revitalizar la economía del país, eliminando barreras administrativas y estimulando la inversión privada.
El texto, compuesto por 240 artículos, es el resultado de un extenso proceso de concertación social y técnica. Entre sus disposiciones clave, se contempla la fusión de registros existentes, la definición de límites temporales para la respuesta estatal —bajo el principio del silencio positivo— y la digitalización completa de las gestiones comerciales. Asimismo, la propuesta extiende la validez de los registros sanitarios a una década y simplifica los requerimientos de traducción, con el fin de que la administración pública sea más eficiente frente a las demandas empresariales y ciudadanas.
La iniciativa legislativa pone un énfasis particular en el alivio económico para los consumidores y el robustecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes). Una de las acciones más relevantes para el beneficio directo de la ciudadanía es la exigencia de mostrar el precio por unidad de medida. Adicionalmente, el proyecto busca impulsar la libre competencia al facilitar las importaciones diversificadas de un mismo artículo y al otorgar más independencia a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. También prevé el subsidio de un sistema integrado de gestión y facturación sin costo para respaldar el desarrollo de los pequeños empresarios locales.
La propuesta incluye disposiciones relativas a la protección de la salud, buscando una revisión constante de procesos y gestiones. El objetivo es asegurar que cada exigencia, trámite y procedimiento añada un valor auténtico al fin protector buscado. El texto del proyecto subraya que «la buena regulación no es la que genera más pasos, sino la que logra mejores resultados».
El articulado comenzará su tratamiento en el Senado, antes de pasar a consideración de la Cámara de Representantes. Al respecto, el senador Sergio Botana, del Partido Nacional, expresó que si bien la ley de competitividad posee «buenas intenciones», será fundamental analizar su viabilidad de aplicación.
Botana sostuvo que se trata de «una ley bien orientada» y consideró positivo «desempapelar, alentar la exportación y la competencia, bajar el costo de vida». En su opinión, «es por donde hay que ir», manifestando su esperanza de que «el gobierno vaya» en esa dirección. No obstante, el legislador señaló que la desburocratización del Estado es un reto crucial, aunque percibió una contradicción en la imposición de una guía de carga para las explotaciones agrícolas.
Desde el Poder Ejecutivo, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, afirmó que la ley busca potenciar la competitividad, simplificar trámites, impulsar las exportaciones e importaciones y, simultáneamente, reducir costos. Castillo enfatizó que «ahora queda en manos del Parlamento el debate, la discusión y, en la medida de lo posible, mejorar los contenidos siempre». Para el ministro, esta propuesta es un aporte significativo para combatir el problema de la burocracia.
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