El ministro de Trabajo, Juan Castillo, confirmó haber contactado a la empresa BASF y la citó para este viernes, tras el anuncio de una importante reducción de su plantilla de personal.
El jerarca señaló inicialmente que el organismo no ha recibido comunicaciones oficiales de la compañía respecto a su situación, expresando su molestia por haberse enterado de la noticia de forma extraoficial.
«Pese a que la noticia ha estado circulando en los medios durante las últimas 48 a 72 horas, hasta ahora no hemos recibido ninguna comunicación oficial por parte de la empresa empleadora. Por esta razón, ayer procedimos a contactarlos para coordinar un encuentro agendado para el viernes», explicó Castillo.
El propósito de la convocatoria es profundizar en el conocimiento de la situación, así como determinar la cifra exacta de desvinculaciones o solicitudes de seguro de desempleo que la empresa contempla.
Cuando se le preguntó acerca de los argumentos sobre los «altos costos» esgrimidos por el sector, el titular de la cartera laboral manifestó: «No dispongo de una respuesta para esa cuestión. Si el argumento principal radica en factores económicos como la divisa o la cotización del dólar, como muchos sugieren, estas son discusiones que deben abordarse en otras esferas del propio gobierno. Estoy dispuesto a colaborar, pero la cuestión es ser informados con antelación, no a posteriori. Reitero mi preocupación, ya que esto podría afectar a entre un 20 y un 30 por ciento de la fuerza laboral», señaló el ministro.
Castillo afirmó que la competitividad del país se fundamenta en «la excelencia del trabajo y de los trabajadores, en la formación y capacitación constante, en la seguridad jurídica y legal, y en la seriedad de los actores sociales, abarcando tanto a las cámaras empresariales como a la central de trabajadores».
El jerarca laboral subrayó que este episodio vuelve a resaltar la pertinencia de una iniciativa legislativa que su cartera presentará próximamente al presidente Orsi y, subsiguientemente, al Parlamento. Dicho proyecto buscará exigir a las empresas la notificación anticipada en casos de despidos colectivos o el cese de sus operaciones.
«Hemos finalizado la redacción del proyecto junto al subsecretario, el doctor Hugo Barreto. Actualmente, se encuentra en fase de revisión legal. Estimamos que en pocos días haremos entrega de la propuesta al presidente de la República», informó Castillo.
«Uruguay no debería ser tratado de esta manera, enterándose extraoficialmente de las decisiones empresariales. Disponemos de herramientas e instrumentos, y considero que los mecanismos están en marcha para que, en caso de dificultades que impliquen medidas con impacto significativo en un gran número de trabajadores y en la economía nacional, el Estado uruguayo y sus ciudadanos tengan conocimiento previo», remarcó.
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