**TÍTULO:** Acuerdos Privados de Reorganización: la clave para el sector agropecuario ante el estrés financiero actual
**CUERPO:**
En el marco de la Expo Rural de Melilla, el Dr. Juan Andrés Urgoiti, abogado del Estudio Jurídico Bragard, ofreció una conferencia destacando la importancia de los Acuerdos Privados de Reorganización (APR) como herramienta legal esencial para las empresas del sector agropecuario. La disertación se centró en cómo estos instrumentos pueden aliviar la presión financiera que enfrentan numerosas compañías en un período económico de gran complejidad, caracterizado por desafíos significativos en sus ingresos y egresos.
El especialista, quien lidera el área de reestructuraciones y coyunturas especiales en Bragard, presentó su charla «Herramientas legales para afrontar periodos de estrés financiero» en la exposición organizada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU). Desde el inicio, ante los asistentes en la Sala de Conferencias de Melilla, enfatizó un escenario económico global sumamente complejo, que detalló en tres dimensiones principales.
El Dr. Urgoiti delineó un panorama multifacético de desafíos. Primeramente, a escala nacional, se observa una ralentización en el Producto Bruto Interno, proyectando un cierre de 2025 próximo a una recesión técnica y con estimaciones de crecimiento a la baja para los próximos años. En segundo lugar, el escenario global presenta una marcada inestabilidad geopolítica y económica, exacerbada por el conflicto en Medio Oriente. Este factor ha disparado los costos de insumos esenciales como el petróleo y, crucialmente para la actividad agropecuaria, los fertilizantes, sugiriendo un periodo prolongado de incertidumbre, menor actividad económica, reducción de inversiones y potenciales repuntes inflacionarios. Adicionalmente, y como un golpe particularmente severo para el sector productivo, eventos climáticos adversos, como la reciente sequía, han mermado drásticamente la cosecha de soja, el tercer rubro de exportación del país. Se anticipa una disminución de entre el 40% y el 50% en los volúmenes respecto al año anterior, lo que podría significar una pérdida para la economía nacional cercana a los 1.500 millones de dólares. Esta cuantiosa merma no solo impacta directamente a los productores, sino que genera un efecto dominó en toda la cadena vinculada al agro, desde transportistas y trabajadores hasta proveedores de insumos y comercios locales, y conlleva una previsible caída en la recaudación tributaria debido al menor volumen exportado sin un alza significativa de precios internacionales.
Ante este panorama, el Dr. Urgoiti señaló que numerosas empresas y actores económicos, especialmente en el ámbito agropecuario y agrícola, enfrentan una significativa presión en su balance de ingresos y egresos. En este contexto, destacó el Acuerdo Privado de Reorganización (APR) como una solución altamente eficaz. Describió el APR como un pacto entre un deudor y sus acreedores, permitiendo una amplia flexibilidad para redefinir las condiciones financieras. Este acuerdo puede incluir reducciones de deuda, extensiones de plazos de pago, la renegociación de vencimientos, el establecimiento de nuevas garantías o cualquier otra medida legalmente permitida. Subrayó que es un mecanismo fundamentalmente privado, diseñado para prevenir la declaración judicial de quiebra y la liquidación de bienes.
La implementación de un APR posibilita superar retos financieros de manera estructurada, eficiente y rápida, preservando la continuidad de la actividad productiva y facilitando el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Según Urgoiti, el APR otorga al productor o empresario con dificultades la capacidad de establecer un nuevo esquema de pago para sus deudas, distinto al original. Remarcó que, una vez que el acuerdo recibe la aprobación judicial, los acreedores no pueden iniciar acciones legales contra los bienes del deudor. Esto permite que la entidad económica continúe operando con normalidad, enfocándose en decisiones de negocio estratégicas, ya con sus problemas financieros resueltos. Además, enfatizó una ventaja clave: a diferencia de los procesos concursales judiciales, el productor mantiene la dirección de su negocio durante la negociación y la vigencia del APR, sin la intervención de un síndico.
En su intervención, Urgoiti subrayó la trascendencia de identificar tempranamente las señales de insolvencia y de tomar la delantera en el diálogo con los acreedores. Argumentó que una detección precoz de las dificultades financieras es vital para el éxito de la negociación, ya que no solo resguarda de mejor manera los derechos del acreedor, sino que conduce a un desenlace más favorable para ambos involucrados. Advirtió que la demora en este reconocimiento a menudo fuerza el recurso a procesos concursales o a la liquidación de activos, lo que invariablemente conlleva una mayor depreciación del valor del negocio y de sus bienes, disminuyendo las posibilidades de recupero para los acreedores. En este contexto, el especialista precisó que la legislación define el «estado de insolvencia» como la incapacidad, ya sea actual o inminente, de una entidad económica para afrontar sus compromisos en los términos y plazos inicialmente acordados, utilizando los recursos generados por su propia actividad.
El Dr. Urgoiti hizo hincapié en la particular relevancia de esta herramienta para el presente del sector agropecuario, especialmente el agrícola. Recomendó encarecidamente revisar y proyectar los flujos de caja, anticipando una probable disminución de ingresos debido a las menores cosechas y un aumento de egresos por los factores ya mencionados. Si estas proyecciones revelan una imposibilidad inminente de cumplir con las obligaciones en los plazos estipulados, la insolvencia podría concretarse en un corto periodo. Por ello, es sumamente oportuno considerar iniciar un proceso de diálogo con los acreedores para establecer un APR. Afirmó que la identificación temprana de la insolvencia y una comunicación proactiva con los acreedores demuestran una gestión profesional y prudente, lo que fomenta una mayor confianza en el proceso de negociación.
Consultado sobre la aplicación de los APR, el experto de Bragard confirmó que esta herramienta ya ha sido implementada con éxito por empresas de diversos subsectores agropecuarios, incluyendo ganadería, agricultura, producción de malta y cebada, y el sector lácteo. En la vasta mayoría de estos casos, el APR facilitó una resolución organizada de las dificultades financieras. Para concluir, el Dr. Urgoiti, abogado con formación en finanzas, compartió su satisfacción personal y el orgullo de su firma por haber participado en el ciclo de conferencias de la ARU en la Expo Rural de Melilla. Resaltó la valiosa oportunidad de recorrer la exposición y constatar la capacidad de innovación y el dinamismo del sector agropecuario, extendiendo un agradecimiento especial a la Asociación Rural del Uruguay.
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