Desde la localidad de Gaetán, el movimiento Un Solo Uruguay (USU) emitió una contundente denuncia este 23 de enero de 2026, señalando que «el Uruguay se está apagando» y presentando una serie de demandas al Estado. La proclama, leída en el marco de su tradicional encuentro anual, enfatizó que no buscan la desaparición del Estado, sino su «eficiencia» en el cumplimiento de sus funciones.
Este evento, conocido como el 23E, se lleva a cabo anualmente cada 23 de enero desde su primera manifestación en 2018 en Santa Bernardina, Durazno. La edición de 2026 en Gaetán reiteró la visión de USU sobre un Estado que debe «cumplir con sus funciones básicas, dejando de inmiscuirse en aquello que no le compete y que termina entorpeciendo la producción y la vida cotidiana de los ciudadanos uruguayos». La maestra Noelia Espinosa Zabaleta, de Casupá, fue la encargada de leer el documento.
Entre las responsabilidades esenciales «incumplidas» por el Estado, la seguridad ciudadana fue destacada como un punto crítico, con la delincuencia operando impunemente tanto en zonas rurales como urbanas, mientras el ciudadano respetuoso de la ley se siente «acosado por impuestos, multas y miedo».
La elección de Gaetán, en Lavalleja, para este encuentro no fue casual. El poblado está próximo al lugar donde se planifica la construcción de la represa de Casupá, un proyecto gubernamental para reforzar el suministro de agua al área metropolitana. USU manifestó su «solidaridad con las aproximadamente 80 familias rurales y trabajadores agropecuarios cuyas vidas se ven amenazadas por decisiones políticas que, a su juicio, no consideran la realidad territorial». El movimiento criticó que «no se puede construir futuro castigando a quienes trabajan el campo» y que el problema hídrico «no se soluciona con medidas injustas, improvisadas y carentes de sostenibilidad».
Otro eje central de la proclama fue la «pérdida sistemática de competitividad» del país, que USU atribuye no a la falta de voluntad, sino a factores estructurales. Uruguay es percibido como un país oneroso para la inversión y la vida, con tarifas públicas que «no reflejan eficiencia, sino las necesidades financieras del Estado». Esta situación eleva los costos de producción por encima de los países vecinos, afectando la inserción en los mercados internacionales. El encarecimiento de la energía incide directamente en los presupuestos familiares y en el precio de los bienes de consumo, provocando un aumento del costo de vida y un incremento de la pobreza. La disparidad entre los costos internos y el valor global de la producción «está ahogando la rentabilidad de las exportaciones y del comercio local», afirmó USU, describiendo una «economía indexada» donde los precios aumentan al ritmo del sector público, dejando a productores, comerciantes y exportadores a merced de precios internacionales volátiles y costos internos crecientes.
En relación al déficit fiscal, el movimiento argumentó que la solución no reside en una mayor carga tributaria para el sector privado, sino en la «eficiencia estatal». Se planteó la necesidad de una «reforma profunda» que disminuya el costo de la estructura política y administrativa. Según la proclama, cada «trámite innecesario, permiso absurdo o regulación obsoleta» actúa como un «impuesto invisible» que consume el tiempo de los trabajadores y frena la capacidad innovadora de los emprendedores.
USU lamentó que «conflictos mal encauzados y posturas inflexibles» hayan provocado «consecuencias graves», como la inutilización de productos lácteos, detenciones en la faena, paralización portuaria y una «desconexión» del país con el exterior. Estos enfrentamientos, que «no conducen a soluciones», resultan invariablemente en «empresas que cierran, empleos que se pierden y un Uruguay rehén». No obstante, el movimiento resaltó el sector pesquero como un «ejemplo histórico». A pesar de enfrentar una «crisis profunda», logró superar una situación crítica «gracias a la unión de trabajadores, empleadores y la sociedad». Esto demuestra, según USU, que el «diálogo, la responsabilidad y la voluntad de trabajar en conjunto» son el camino a seguir para la supervivencia y el progreso de otros sectores productivos.
La proclama concluyó con la alarmante afirmación de que «Uruguay se está apagando» debido a la falta de oportunidades que impiden a los jóvenes permanecer en sus comunidades o incluso en el país, una tendencia agravada por la partida de inmigrantes que inicialmente habían elegido Uruguay. En este escenario de «deterioro del futuro», la «educación» fue identificada como la «preocupación central» que el país debe abordar. Se hizo hincapié en que «no puede haber desarrollo sin que los niños y jóvenes permanezcan en el sistema educativo», ni «igualdad de oportunidades sin educación de calidad». Además, «la seguridad duradera es inalcanzable si generaciones enteras crecen sin las herramientas para integrarse laboral y socialmente». La educación fue definida como «la principal política social, de seguridad y productiva» del país. «Cada joven excluido del sistema educativo representa un fracaso colectivo y una oportunidad perdida para el Uruguay futuro», subrayó la lectora, enfatizando que defender la educación es una «responsabilidad nacional» con las generaciones venideras, más allá de cualquier consigna ideológica.
Para revertir esta situación, USU demandó una infraestructura de «rutas, puentes y conectividad digital» que realmente integre el interior con los mercados y el mundo, así como la asignación presupuestaria para «servicios de salud y educación de calidad» distribuidos en todo el territorio, y no centralizados en la capital. El movimiento reafirmó su postura de no buscar «privilegios», sino «reglas de juego claras» que garanticen la «previsibilidad a largo plazo» para la inversión, evitando cambios arbitrarios en las condiciones impositivas o laborales. La «seguridad, tanto jurídica como física», para «el trabajo y la propiedad», fue señalada como indispensable para cualquier tipo de inversión.
Finalmente, USU anunció su intención de interpelar directamente a «cada legislador, representante del pueblo y ministro» sobre sus acciones y planes para «aflojar la cincha al Uruguay que trabaja», comprometiéndose a «hacer públicas sus respuestas o sus silencios» en lo que describieron como un «compromiso nacional para bajar el costo país de forma estructural», que trasciende las diferencias partidarias y es «un tema de supervivencia nacional» que requiere que el «esfuerzo de sostenerlo se reparta con justicia», exigiendo que el sector público se ajuste con la misma rigurosidad que el privado.
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