La Mesa Representativa de la Federación Uruguaya del Magisterio – Trabajadores de Educación Primaria reunida en el día de la fecha luego de analizar la situación de la Escuela Pública en el marco de la Emergencia Sanitaria, la aprobación de la Ley de Urgente Consideración y la inminente presentación de los mensajes de Ley de Presupuesto al Poder Legislativo resuelve declarase en conflicto y manifiesta:
La situación de Emergencia Sanitaria ha demandado un gran esfuerzo por parte de maestras, maestros, funcionarias y funcionarios de primaria para sostener la vinculación con niños y niñas, así como mantener la higiene de los locales y los servicios del CEIP.
Seremos celosos vigilantes del cumplimiento de los protocolos arrobados por el SINAE y acordados en el ámbito de ANEP para la seguridad de la salud tanto de niños y niñas, como de maestras y maestros, funcionarias y funcionarios.
La dificultad para mantener las prácticas de enseñanza y el vínculo pedagógico demandan la profundización de políticas de acompañamiento que permitan lograr aprendizajes significativos de niños y niñas. Exigimos a las autoridades el compromiso con los derechos de niñas y niños.
Acompañar la plataforma de la Intersocial, especialmente el otorgamiento de una renta básica para enfrentar las consecuencias sociales y los efectos de la política económica del gobierno.
La aprobación de la Ley de Urgente Consideración constituye una afrenta a la tradición autonómica de la educación uruguaya, un retroceso en el gobierno de Educación Primaria, disolviendo el CEIP -que tiene una tradición de más de cien años-, restringe la participación de docentes, estudiantes y la sociedad, y constituye una amenaza de avance de la educación privada al desmantelar el Sistema Nacional de Educación Pública.
Convocar a maestros, maestras, profesores, profesoras, funcionarios y funcionarias a conocer y analizar los contenidos de la LUC que fomenta la represión, limita los derechos de las mayorías y vulnera la educación pública. En tal sentido se rechaza el contenido de la Ley 19.889.
Por primera vez en quince años discutimos un presupuesto donde se nos ofrece rebaja salarial, cercenamiento de derechos, recortes de programas educativos y en los comedores escolares, además con anuncios de políticas educativas sin la participación del magisterio.
Mantener el presupuesto educativo sin recortes en cargos docentes y no docentes para sostener una Educación Pública para todos y todas.
Reivindicar el carácter profesional del magisterio y exigir el mantenimiento de los derechos conquistados.
Mantener la plataforma reivindicativa aprobada en el XI Congreso.
Exigir el mantenimiento de los espacios de negociación para el logro de un convenio colectivo que implique mejoras en el quinquenio, sin pérdida salarial. Es por ello que rechazamos cualquier propuesta que suponga desindexación.
Rechazar cualquier intento de privatización de las políticas educativas en la escuela pública.
Reafirmamos nuestro compromiso en defensa de la Educación Pública integral para todos y todas.
Montevideo, 22 de agosto de 2020.
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