El sector agropecuario se encuentra en una fase de profunda inquietud, exacerbada por la prolongada sequía y las fluctuaciones del tipo de cambio. En un encuentro celebrado el 2 de marzo de 2026, productores agropecuarios analizaron la delicada situación que atraviesa el campo, marcada por la declaración de emergencia por déficit hídrico del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). La Asociación Rural del Uruguay (ARU) manifestó su hondo desasosiego.
Desde la Expo Durazno, Rafael Ferber, presidente de la ARU, describió el panorama que enfrentan los agricultores. «La escasez de agua, esta sequía que nos afecta, ha generado una situación de alerta crítica en la agricultura que requiere atención inmediata. Las organizaciones de productores mantenemos un diálogo constante con el MGAP y el Ministerio de Economía para articular instrumentos financieros que impidan la interrupción de la cadena de pagos y aseguren la viabilidad de la siembra invernal, salvaguardando así el sustento de innumerables familias uruguayas,» afirmó Ferber.
Adicionalmente, el titular de la ARU estimó que las pérdidas para los productores, solamente en los cultivos de soja, podrían ascender a unos 800 millones de dólares en comparación con el ciclo anterior. Respecto al impacto monetario, Ferber señaló que «los montos en dólares que se negociaron en enero de 2026 para cubrir las mismas obligaciones de enero de 2025 fueron un 30% superiores,» reflejando el encarecimiento de los costos operativos.
El MGAP, por su parte, decretó recientemente la emergencia agropecuaria por noventa días para los rubros ganadero, lechero, agrícola y granjero en Canelones, Maldonado, Montevideo, y secciones específicas de Florida, Lavalleja, Rocha, San José, Treinta y Tres, Durazno y Flores. El ministro Alfredo Fratti reconoció la posibilidad de que otras áreas también experimenten complicaciones. Para aquellos productores no cubiertos directamente por la emergencia, el MGAP ha propuesto al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, explorar opciones como garantías del sistema SIGA para facilitar la resiembra de quienes lo perdieron todo, o la utilización de certificados de descuento de BPS y DGI para gastos de combustible o amortización de deudas bancarias.
Fuente: Enlace Original
Dejar una contestacion