Los delitos de abigeato, una de las principales preocupaciones para los productores ganaderos en las zonas rurales de Uruguay, experimentaron un notable incremento en 2025 en comparación con el año anterior. Según datos preliminares proporcionados por el Ministerio del Interior (MI), los casos denunciados pasaron de 867 a 970.
Este crecimiento representa un aumento cercano al 12%. Asimismo, la tasa de denuncias de abigeato por cada 100 mil habitantes en el país subió de 24,2% en 2024 a 27% en 2025. Estos indicadores fueron difundidos a fines de enero por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del MI, en un informe de carácter preliminar que detalla la actividad delictiva del pasado año.
**La mirada de la Federación Rural**
Desde la Federación Rural (FR), su presidente Rafael Normey, lamentó la situación actual, contrastándola con un período anterior. Normey recordó que en la administración de gobierno pasada se observó una disminución de estos delitos. El dirigente gremial atribuyó esa mejora a la creación de la Dirección Nacional de Seguridad Rural bajo la gestión del exministro Jorge Larrañaga. Según Normey, esta iniciativa generó un importante impulso en la seguridad rural, con la participación activa de comisiones departamentales que resultaron en una «baja sustancial» del abigeato.
Sin embargo, Normey señaló que, hacia el final del gobierno anterior y durante 2024, se percibió una «relajación» o disminución de la presión policial. Mencionó que las reuniones de la comisión nacional de seguridad rural fueron escasas en 2024, y que no fue hasta 2025, a instancias de la propia Federación Rural durante su Congreso, que se logró reactivar el trabajo de dicha comisión con el nuevo gobierno ya en funciones.
El presidente de la FR planteó la hipótesis de que la creciente complejidad de la seguridad a nivel nacional podría haber generado una sobrecarga en las fuerzas policiales, derivando en una desatención de las zonas rurales en favor de las áreas urbanas. Para Normey, la seguridad rural no requiere soluciones complejas, sino una «buena presencia» policial y una fuerte vinculación con las comunidades locales. A su juicio, es precisamente en estos aspectos donde se ha producido el «afloje».
**Casos más graves: copamientos y heridos**
El directivo también hizo hincapié en la gravedad de algunos incidentes reportados el año pasado, incluyendo violentos copamientos, robos de ganado y maquinaria, y agresiones a productores, incluso con el uso de armas de fuego. Subrayó que 2025 «no fue un buen año» para la seguridad en el campo, una situación que lamentan profundamente.
En cuanto a la operatividad de las comisiones departamentales de seguridad, reconoció que si bien en algunos departamentos las reuniones y el trabajo son periódicos y efectivos, en otros aún persisten dificultades. No obstante, insistió en que, aunque estas comisiones son relevantes, «lo fundamental es una mayor presencia policial en las zonas más vulnerables y un sólido trabajo interinstitucional».
Para combatir el abigeato de manera integral, desde el predio rural hasta la carnicería clandestina, Normey destacó la importancia de la colaboración de las intendencias, que podrían ayudar a identificar puntos de venta de «carne y chorizo barato» como indicio de actividad ilegal. También mencionó el rol crucial de la inteligencia, el patrullaje en contacto directo con los productores, y la participación de Bromatología y el Instituto Nacional de Carnes (INAC) en una coordinación conjunta.
Reiterando que 2025 no fue favorable en seguridad rural, Normey instó a que «2026 sea un año de refuerzo de los trabajos, ya que el rumbo actual no es el adecuado». Aseguró que estos temas son abordados directamente con los intendentes, incluso con una sesión del Congreso Nacional de Intendentes prevista en el próximo Congreso de la FR. Además, destacó el «trabajo de hormiga» que realizan sus delegados en las comisiones a nivel nacional y departamental, adaptándose a las particularidades de cada zona. Finalmente, advirtió que si la situación no mejora, la Federación Rural considerará «tomar alguna otra decisión», manteniéndose por ahora en un estado de «monitoreo inquieto».
**El valor de hacer la denuncia pese al descreimiento**
A pesar del «descreimiento» y la posible percepción de que es una pérdida de tiempo, Normey hizo un llamado a los damnificados para que presenten sus denuncias, ya que «la sola existencia de la denuncia es de gran ayuda». Subrayó la convicción de la FR de que las estadísticas no reflejan la magnitud real del problema, estimando que la situación «es peor» debido a la gran cantidad de casos que no son denunciados, e insistió en la necesidad de reportar cada incidente.
Concluyó que, si bien la inseguridad es un problema nacional que trasciende el ámbito rural, el campo «no escapa» a esta realidad, generando «cansancio y temor» entre los productores. Alertó que los delitos ya no se limitan al robo de ganado, sino que incluyen irrupciones violentas en predios que pueden derivar en agresiones, creando una preocupación mucho más profunda que un simple hurto.
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